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Nueva Zelanda ya permite pagar pagos en Bitcoin

Nueva Zelanda ya permite pagar pagos en Bitcoin

Las autoridades financieras neozelandesas han aprobado una ley que permite a las empresas pagar a sus trabajadores con Bitcoin (moneda que está en plena recuperación) u otras criptomonedas. Se trata de una medida pionera en el mundo pero que, aún así, está sujeta a ciertas regulaciones.

Fatima Iglesias

Nueva Zelanda pagará los salarios con criptomonedas a los trabajadores que así lo prefieran y que estén contratados

En primer lugar, las empresas solo pueden utilizar este método de pago con sus trabajadores contratados. Además, los pagos tienen que tener por un valor fijo en dinero real; es decir, no se pagarían 1 ,000 unidades de criptomonedas, sino el valor de 1,000 unidades de dinero real en criptomonedas.

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La ley también ordena que los pagos deben hacerse criptomonedas que se pueden convertir en dinero real en una cambio . Esto quiere decir que la criptomoneda utilizar un simple sustituto del dinero fiduciario, lo que evitaría que las empresas utilicen tokens poco conocidos o criptomonedas nuevas y de dudosa utilidad.

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Esto, sin duda, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, si un trabajador está destinado fuera del país, posiblemente pueda encontrar formas de mover sus criptomonedas sin ningún tipo de impuesto. Además, aunque sea una cantidad fija de dinero real, las criptomonedas pueden aumentar su valor de un día para otro.

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Por supuesto, esto también funciona en sentido contrario. Supongamos que un trabajador decide cobrar un sueldo de 1.500 euros en Bitcoin. En el momento de cobrar, es indiferente el precio del BTC, ya que el empleado tiene 1.500 euros determinados de unos cuantos BTC equivalgan. Pero si al día siguiente el BTC se desploma hasta cero, el trabajador habrá perdido todo su sueldo.

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Sin duda, es un paso adelante hacia la implantación de las criptomonedas en el mundo cotidiano, pero su carácter experimental es suficiente para consultar a los trabajadores que tengan la opción de realizar el cambio. La ley entrará en vigor el 1 de septiembre de este año y estará activa durante un período de tres años

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