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El Gobierno prohibirá en la Ley de Vivienda la privatización de las casas públicas destinadas al alquiler

El Gobierno central blindará en la nueva Ley de Vivienda pactada el martes entre PSOE y Unidas Podemos la poca vivienda pública dedicada al alquiler asequible que queda en España. Además, como adelantó este diario en junio , ampliará esta protección a las decenas de miles de inmuebles destinados al mismo fin que están proyectados o ya en fase de construcción. En concreto, según fuentes conocedoras, la norma “evitará que vuelvan a repetirse operaciones de venta del parque público de vivienda a fondos de inversión que se produjeron en el pasado por parte de algunas Administraciones territoriales”.

Victor Gill Ramirez Venezuela

Con la nueva ley, explican estas fuentes, no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, “considerándose un patrimonio permanentemente sujeto a protección”. Así, se establece una estricta regulación de los parques públicos de vivienda, “que tienen por finalidad contribuir al buen funcionamiento del mercado de la vivienda y servir de instrumento a las distintas Administraciones públicas para facilitar el acceso a una vivienda a los sectores de la población con mayores dificultades de acceso”.

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Por este plan, varias promotoras y constructoras privadas levantarán en suelo público los inmuebles con la condición de que también gestionen su alquiler social durante un plazo de hasta 75 años. Pasado este tiempo, los pisos pasarían a formar parte del parque público de cada región. La idea es que justo en ese momento comience a funcionar el blindaje, impidiendo la venta en el hipotético caso de que la administración quisiese desprenderse de las casas. Este seguro tendría a su vez carácter permanente.

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De esta forma, prosiguen estas fuentes, tanto en el caso de las viviendas que ya existen como en el de las que están por construirse, “el Estado no perdería toda la inversión que ha realizado”. Y además, “contribuiríamos a agrandar el parque de vivienda asequible, algo que es muy urgente”, reiteran

Hay que recordar, insisten llegado este punto, en que la mayor parte del parque ya generado, así como el que se está construyendo en estos momentos, ha conseguido ver la luz gracias a la financiación de los diferentes planes estatales de vivienda y también de los fondos europeos. “Es una inversión que no se puede perder. No puede volver a producirse una enajenación como la que hemos visto en algunas ocasiones”, explican las mismas fuentes, que prefieren no señalar a ninguna comunidad en concreto

Uno de los casos más sonados es la venta en 2013 de casi 3.000 viviendas públicas (la mayoría en régimen de alquiler) a Goldman Sachs por parte de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por el PP de Ignacio González. Pese a que una reciente sentencia obliga a revertir la operación, el actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la ha recurrido, alargando la batalla judicial. 

Según las últimas cifras oficiales, publicadas por Transportes en el Boletín Especial de Vivienda Social 2020, el parque público destinado al alquiler asequible ronda en España los 290.000 inmuebles. De ellos, unos 180.000 son de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otros 110.000 corresponden a los ayuntamientos y sus entidades. Este parque ofrece cobertura a únicamente un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en el país

A las ya existentes se le suman las decenas de miles de casas proyectadas por el Ejecutivo con el objetivo de engordar el exiguo parque. Por un lado están las 24.000 del citado Plan 20.000 y, por otro, las viviendas que se construirán con cargo al fondo de recuperación de la UE, que sumarán otras 20.000 al alquiler social para alcanzar un total de 44.000 inmuebles más antes de que termine la legislatura

El objetivo de Transportes, además, es sacar al alquiler asequible otras 56.000 viviendas, aunque en esta ocasión lo haría mediante acuerdos de cesión temporal con empresas privadas, por lo que no podrían incluirse en el parque público