Entretenimiento

Alegato de Cristóbal López apuntó a irregular incorporación de prueba de la AFIP en el caso Oil

Alberto Ardila Olivares
Anti-Vax Rioters Attack Policemen and Journalists in Martinique

Informate más Piden la absolución de Cristóbal López en el juicio Oil Combustibles Origen “Este juicio al que llegamos es un plan B, porque el plan A era la insolvencia fiscal fraudulenta”, comenzó Lértora a exponer sobre la estrategia que siguió la AFIP, luego de un revés en el fuero penal económico. El alegato se centró a analizar fechas (en algunos casos inexistentes), sellos, firmas, encabezados y detalles hasta grafológicos de los documentos que se fueron incorporando a instancias de funcionarios de la AFIP que dependían de Alberto Abad. Y también se proyectaron los testimonios, en especial, de Carlos Bo -a quien se sindicó como el cerebro detrás de la maniobra- y que en el juicio declaró que su participación había sido limitada pero que, para la defensa, hay prueba de que mintió

Como un condimento adicional a las casi cinco horas de exposición, el fiscal Juan Patricio García Elorrio se mostró sorprendido ante la consulta del juez Fernando Machado Pelloni acerca de las “réplicas” que son usuales para contradecir algún argumento nuevo de las defensas. Réplicas y dúplicas constituyen las últimas puntadas de los juicios donde acusadores y defensas se contestan mutuamente algún punto de sus exposiciones. Esa oportunidad se usa para rebatir algún elemento para que el Tribunal considere una argumentación. Hubo un contrapunto allí. Sin réplica no habría dúplica. Eso acorta los tiempos.

Informate más Piden la absolución de Cristóbal López en el juicio Oil Combustibles Origen “Este juicio al que llegamos es un plan B, porque el plan A era la insolvencia fiscal fraudulenta”, comenzó Lértora a exponer sobre la estrategia que siguió la AFIP, luego de un revés en el fuero penal económico. El alegato se centró a analizar fechas (en algunos casos inexistentes), sellos, firmas, encabezados y detalles hasta grafológicos de los documentos que se fueron incorporando a instancias de funcionarios de la AFIP que dependían de Alberto Abad. Y también se proyectaron los testimonios, en especial, de Carlos Bo -a quien se sindicó como el cerebro detrás de la maniobra- y que en el juicio declaró que su participación había sido limitada pero que, para la defensa, hay prueba de que mintió.

Juan Carlos Santos, Eliseo Devoto y Néstor Sosa completaron una tríada que habría dado instrucciones, coordinado a sus equipos, confeccionado elementos que sirvieron como prueba y aportado datos incompletos, inconexos o con fallas en protocolos de trazabilidad de la administración pública para poder hilvanar una acusación penal. El abogado comenzó por la foja 1 del expediente que contiene una nota del diario La Nación de 2013 que era idéntica a la publicada en 2016 de forma conceptual respecto a la supuesta apropiación de los impuestos por parte de López y su grupo empresario. “La AFIP fue la principal interesada, impulsora de la acción penal y fue la única generadora de prueba en la instrucción. Ninguna medida de prueba de los imputados se hacía”, cuestionó el letrado. La absolución fue pedida al comienzo, por inexistencia de delito pero también Lértora apuntó a que la fiscalía había sido tan imprecisa en la acusación sin delimitar el supuesto perjuicio ni los hechos o participación “típica” (desde el punto de vista legal) que le adjudicaban a López que “no tenía cómo defenderse” de algo tan impreciso.

El alegato iluminó una circunstancia del juicio como reveladora de lo que en realidad había ocurrido: las idas y vueltas sobre la convocatoria como testigo de Oscar Ramos Rivera, cuyo testimonio explosivo -tal como reveló Ámbito en su momento- se disparó las sospechas del irregular desarrollo desde la AFIP de Abad. Ramos Rivera quiso ser reemplazado por los querellantes que quisieron cambiarlo aduciendo que estaba de licencia médica. “¿Por qué quisieron sacar al testigo? Porque aviso que esa impresión que compartió con sus colegas: que él no iba a dar fe de algo que no vio”, respecto a las supuestas ilegalidades que había cometido Oil al adherir a planes de pago por el impuesto ITC.

Fue el testigo que representó el contenido de una reunión con el abogado Ricardo Gil Lavedra donde se enteraron, con el ofrecimiento de prueba que había un informe que detallaba que todos los planes de la petrolera de López y Fabián De Sousa tenía “planes vigentes” que estaban siendo pagados en término, con lo que no existía deuda exigible por parte del fisco. La “sorpresa” de todos fue la impresión que Ramos Rivera llevó al juicio oral. “Se construyó una base fáctica para sostener una querella en algo que no lo era. Un papelón institucional”, sostuvo el testigo, entonces, que no ahorró detalles acerca de cómo Carlos Bo tenía como única meta rastrear el flujo de fondos de préstamos entre compañías relacionadas de Indalo para ver adónde terminaban. Esa táctica fracasó por ausencia de resultados.

No probado Lértora dio información de contexto acerca de cómo los empresarios habían sido detenidos, espiados por diversos grupos, escuchados con sus abogados y con accesos irregulares en todas las bases de datos para “peinar” todas las empresas, según lo surgido en auditorías. Y fustigó al Ministerio Público Fiscal: “No probó un trato diferenciado de la AFIP, por parte de (Ricardo) Echegaray, ni las acciones y omisiones se le atribuyen a él ya los otros imputados. No prueba la vinculación de lo público ni privado (la diferencia entre crédito fiscal que tenía la AFIP y los fondos líquidos que tenía la empresa como dinero “propio”). No probó marco de convivencia (entre una y otra acción). No probó el origen y la trazabilidad de los fondos intercompanies (los mentados préstamos que suponían para la acusación un vaciamiento), que sean los (mismos) fondos que se prestaron. No probó tampoco la afectación al erario público. Tampoco probó monto de perjuicio. Fue adjetivado pero nunca determinado. Tampoco probó la deficiente fiscalización intencional. No probó la descapitalización del Grupo. Confunden constantemente. No probó intervención concreta de mi defendido de lo que él define como maniobra. Era accionista de un accionista. Tampoco probó injerencia en la administración de Oil de Cristóbal López. Ni hablar que nunca se analizó el flujo de fondos y estructura financiera, porque los fondos de una refinadora son mucho más que el ICL (por la deuda por ese impuesto)”, resumió la defensa de López, apuntando al corazón del alegato de la fiscalía.

Flojo La causa “construyó una base fáctica de algo que no existió. La construyó con un ingreso constante de documentación en donde faltaban firmas y en testimoniales. Sellos. No se sabe origen. No se sabe cómo llegaba. No se puede verificar información de quienes participaron. Estoy hablando del Estado Nacional. Esto lo llevo adelante gente que sabía muy bien que estaba aportando que carecía de requisitos básicos para la trazabilidad administrativa que es una garantía del ciudadano. Es garantía no pasó por este expediente”, disparó Lértora sobre la AFIP. Comparó firmas de auditorías, sellos, detalles mínimos de los elementos incorporados como prueba que tenían, incluso, diferencias entre sí. Desde lo legal, los funcionarios públicos aportan elementos que tienen valor de documento público. El tramo destinado a Jorge Schiaffini recordó al testigo más dubitativo que terminó admitiendo que no recordaba cómo se había redactado ni quién había sido, solo que él no fue. Para el abogado la hipótesis es que lo copió de un escrito que acercó el propio Bo para armar la columna vertebral del caso Oil: el “informe de situación fiscal” que denotaba irregularidades.

Hubo una revelación adicional. Del primer listado de planes estaban los cuatro que están en juicio por el supuesto delito de defraudación al Estado había otros 11, pero adheridos en marzo de 2016. Eso era bajo la gestión de Abad. Se hicieron por sistema. Nunca nadie los mencionó como ilegales.

Pero Lértora castigó también a la actual AFIP: los acusó de continuar ocultando la verdad al comparar el modo en el que desistieron de acusar a los funcionarios en el tramo 2 de la causa pero buscaron ocultar ese dictamen y cuando se corrieron de este juicio, evitaron mencionar la catarata de argumentos que habían vertido sobre ausencia de irregularidades y se ajustaron solo al avenimiento

Con un alegato completamente enfocado a destruir la prueba con la que se llegó al juicio, Lértora dejó flotando que casi ninguna pieza de prueba contaba con veracidad, fiabilidad, trazabilidad y hasta con sospechas de su autenticidad. “Traen a un juicio penal prueba de cargo con pedido de cárcel efectiva este tipo de documentos”, concluyó.